martes, 5 de abril de 2016

Reconocimiento constitucional a la víctima y el ofendido

La preocupación por la situación de la víctima tiene una larga historia, y aún en la actualidad suele ser la parte olvidada en el proceso criminal, omitiendo la ayuda y protección necesarias para ella.
El daño provocado por el delito, la carencia de atención, la falta de información para aliviar su sentido de incertidumbre y ansiedad, y la ausencia de facilidades para el acceso a la justicia, son factores que acentúan y agravan la situación que viven la víctima y el ofendido del delito dentro del proceso penal.
La protección y participación de la víctima y el ofendido del delito dentro del proceso han avanzado lentamente, siendo preciso señalar que dentro de esa lenta evolución encontramos una serie de garantías de nivel constitucional, otorgadas dentro del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En origen, el texto del artículo 20 de la Constitución Federal de 1957 y de la Constitución Federal de 1917, contemplaba únicamente los derechos del procesado, dejando en el total olvido a la víctima y al ofendido del delito. Dicha situación continúa hasta la reforma de 1993, que reconoce los derechos de la víctima u ofendido del delito, a través de la adición de un párrafo al artículo 20 constitucional que consagra las garantías mínimas a las que deberían tener derecho las víctimas del delito. Posteriormente, en el 2000 se deroga el último párrafo del mismo precepto y se crea un apartado “especial” para la víctima y el ofendido, ampliando sus garantías.
La última reforma que encontramos al precepto en comento es la del 2008, mediante la cual se crea el apartado C y se establece una fracción más. La finalidad de estos derechos otorgados a la víctima y al ofendido por delito, es la de ser ejercidos durante y posteriormente a los procedimientos penales.
Cabe señalar que algunas de las garantías que fueron consagradas en el artículo 20 de la Constitución Federal, ya habían sido establecidas como derechos en el marco jurídico – ya fuese ley o decreto – de algunas entidades federativas y otras, con el paso del tiempo, han sido instauradas en las mismas, de manera independiente, algunas entidades otorgaron otros derechos que se mencionarán a continuación[1]:
 
ü  Asesoría jurídica especializada y/o gratuita: Puebla (1996), Chiapas (1997), Jalisco (1998), Durango (1998), Sinaloa (1998).
ü  Atención médica, psicológica, social y/o psiquiátrica, no sólo de urgencia: Veracruz (1991, antes de la reforma de 1993), Chiapas (1997), Jalisco (1998), Durango (1998), Sinaloa (1998).
ü  Regulación de la coadyuvancia: Chiapas (1997), Jalisco (1998), Durango (1998), Sinaloa (1998).
ü  Prestación de servicios victimológicos: Chiapas (1997), Durango (1998).
ü  “Protección de la autoridad investigadora o judicial para el caso de protección” (sic): este derecho se podría relacionar con las medidas y providencias de protección y auxilio establecidas en la reforma de 2000 y lo referente a la fracción V y VI de la reforma de 2008. Chiapas (1997), Jalisco (1998), Sinaloa (1998).
ü  Sistemas, centros de atención y/o fondos de auxilio a víctimas y ofendidos: Estado de México (1969), Tamaulipas (1987), Veracruz (1991), Chiapas (1997), Jalisco (1998), Durango (1998).
ü  Estrategias de prevención victimológica: Chiapas (1997), Jalisco (1998), Durango (1998).
ü  Ayuda a familiares de víctimas de homicidio: Se relaciona con prestación de atención médica y psicológica. Veracruz (1991), Puebla (1996), Chiapas (1997).
ü  Límites a la intervención de los medios masivos de comunicación: Se relaciona con la garantía establecida en la fracción V del artículo 20 resultado de la reforma de 2008, referente al resguardo de la identidad y otros datos personales, en casos específicos. Durango (1998).
Los aspectos de asesoría jurídica especializada y/o gratuita, atención médica, psicológica, social y/o psiquiátrica, regulación de la coadyuvancia, “protección de la autoridad investigadora o judicial para el caso de protección” (sic), ayuda a familiares de víctimas de homicidio y los límites a la intervención de los medios masivos de comunicación, son aspectos que el artículo 20 de la Constitución Federal contempla en sus diversas fracciones y que las entidades federativas regularon aún antes de las reformas de dicho artículo constitucional.



[1] MARTÍNEZ SOLARES, Verónica, “Víctimas y Justicia Penal”, Gaceta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, Año 11, Número 65 (Enero/Febrero), CODHEM, México, 2004, en http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/info/gacetas/gaceta65.pdf. Consultado el 15 de julio de 2009.
 

PARA MAYOR INFORMACIÓN, pueden visitar el artículo completo la revista "Letras Jurídicas", número 23, publicado por la Universidad Veracruzana, que encontraran en el siguiente link: http://www.letrasjuridicas.com.mx/Volumenes/23/10a.pdf
 
No es robo ni plagio. Tengo el permiso de la Doctora Cristina Ortiz Hernández de promover este fragmento.
 
Muchas gracias.